Desde la conocida declaración de Budapest Open Access Initiative, publicada a inicios del 2002, el acceso abierto (Open Access) ha ido ganando relevancia y presencia en el debate académico, así como en los espacios de decisión política. El ideal que defiende la relevancia de disponer en abierto de los textos producidos por la investigación genera, no solo apoyo por parte de los investigadores, sino que también se empieza a promover desde diversas instancias administrativas. En esta línea es bien conocido el cOAlition Plan S lanzado por Consejo Europeo de Investigación en conjunción a agencias nacionales de financiación de la investigación de doce países europeos. Un plan que tiene como principal objetivo la implantación del acceso abierto de forma en todas las publicaciones e investigaciones financiadas con fondos públicos.

El debate sobre el acceso abierto parece presentar un aspecto central: su modelo de financiación. Y más específicamente en la delimitación sobre cómo sufragar u organizar que la información llegue al lector sin coste para este. El modelo clásico del negocio editorial ha consistido en que el acceso a la investigación científica dependía de la suscripción a la revista. Con el acceso abierto se abren modelos diversos y plurales, algunos proponen pasar de un modelo basado en el ‘publish-for-free and pay-to-read’ a otro basado en ‘pay-to-publish and read-for free’. Es decir, a través de un pago de lo que se conoce como article processing charge (APC). Aunque esto es un modelo que puede venir acompañado también de dificultades tales como la desigualdad de recursos de los investigadores o la dificultad de hacer frente a elevados APC. El pago por publicar (ruta dorada) no es el único modelo de acceso abierto, ya que otros abogan por otras vías promovidas con la financiación pública de las revistas (ruta diamante) o que hagan uso de las posibilidades del auto-archivo.

El debate sobre los modelos y las posibilidades para impulsar el acceso abierto es complejo, pero de lo que parece que no hay ninguna duda es del papel central que desempeñan también las universidades y centros de investigación en el cometido de hacerla posible en un futuro cercano. Estos centros tienen una responsabilidad central en promocionar el conocimiento sobre su significado y relevancia e informar de sus diversos modelos. Pueden fomentar y animar al uso de los repositorios institucionales para dar difusión de su investigación y además pueden dar incentivos para reconocer a aquellos investigadores que se muestran sensibles hacia esta cuestión. De nuevo estamos ante una cuestión donde las instituciones -mediante un sistema de gobernanza y una política favorable al open access- y los individuos pueden marcar la diferencia y contribuir a impulsar el movimiento de acceso abierto.

Por Ramón Feenstra, profesor asociado del Departamento de Filosofía y Sociología de la Universitat Jaume I de Castelló.